LA AGUDIZACIÓN
DE LA POBREZA COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN PERÚ
Alfonso
Mendoza Huamán*
“La paz y la prosperidad están
inextricablemente ligadas y depende la una de la otra. La paz alienta las
inversiones y permite el desarrollo social y económico. Los conflictos
destruyen vidas, oportunidades y entornos y pueden ser uno de los obstáculos más
importantes al desarrollo sostenible, ya que en cuestión de horas o días pueden
dar al traste con lo que se ha tratado años o decenios en poner en pie”.
Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial 2005.
En conflicto armado desatado durante dos
décadas, entre 1980 al 2000, ha sido uno de los hechos más catastróficos que le
ha tocado vivir a pueblo peruano. Ha pasado una década de “culminado” el
conflicto armado, sin embargo pareciera que no se aprendió del lastre social
que ha generado sumiendo a miles de
familias, asentadas sobre todo en la sierra andina, en la pobreza y
extrema pobreza; condición en la que aún se mantienen los departamentos más
afectados como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica[1],
entre otros a pesar del auspicioso crecimiento económico experimentado por Perú
en la última década.
EL
CONTEXTO HISTÓRICO
En la comunidad de Chuschi en el departamento
de Ayacucho, en mayo de 1980, y en vísperas de las elecciones nacionales, se
perpetro el primer atentado terrorista del Partido Comunista Peruano – “Sendero
Luminoso” (PCP-SL), que dio inicio de manera violenta a su denominada “guerra
popular”, lo acontecido en los años posteriores es harto conocido: cientos de
familias desplazadas, pueblos abandonados y empobrecidos, generaciones
condicionadas a vivir traumatizados de por vida; vale decir, se perpetro una
sistemática violación de derechos humanos.
¿Por qué Chuschi en Ayacucho? La comunidad de
Chuschi era uno de esos típicos pueblitos de la sierra del ande peruano
empobrecidos, era una comunidad, como muchas otras hasta ahora, históricamente
olvidada por el Estado y para SL era estratégico hacer visible esa desigualdad
existente entre los pueblos más recónditos del ande y la capital Lima; además,
en Ayacucho existía una clase dirigencial de célula del PCP-SL de élite
universitaria que desde los años setenta ya habían desplegado todo un trabajo
de adoctrinamiento radical aislado principalmente con estudiantes y docentes
universitarios. “En los primeros años de la década de 1970, precisamente cuando
los demás pequeños partidos que conformaban la izquierda peruana de entonces
deciden "ir a las masas", SL se repliega hacia la universidad de Ayacucho
donde su líder máximo, Abimael Guzmán, y el núcleo inicial de SL se abocan al
estudio del marxismo” (Degregori 1991). El descontento y frustración de muchos
jóvenes fue aprovechado por los “senderistas” para arremeter contra el Estado, pues
sobre todo fueron cándidos jóvenes habidos de poder amparados en su ideología dogmática
radical ensoberbecida quienes estaban enrolados en los grupos terroristas.
Lo acontecido en los siguientes años, fue una
hecatombe; al militarizarse el conflicto la violencia se desato de ambos bandos:
por parte del Estado con las fuerzas armadas y por la de los terroristas
mediante Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y
en el medio una población desprotegida y en vilo permanente en medio del terror.
LOS POBRES
COMO VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
La Comisión de la Verdad y Reconciliación(CVR), conformado por el gobierno
transitorio de Valentín Paniagua en 2001, concluyó que el conflicto armado
interno genero más de 69 mil muertos o desaparecidos a manos de las
organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado peruanos en esas
dos décadas. A los peruanos nos ha tocado palpar la vehemencia con la que
podemos actuar entre compatriotas en situaciones de contradicción y tensión
social; sin embargo, la situación y condición de los pobladores asentados en la
sierra andina no ha cambiado mucho, los
altos niveles de pobreza y extrema pobreza aún persisten y los niveles de
desigualdad son muy notorios entre un poblador del ande y otro de la costa.
¿Cómo ha determinado y condicionado el conflicto armado en el desarrollo de los
departamentos más afectados? Pues de manera muy categórica.
El conflicto armado tuvo consecuencias
devastadoras para muchas personas y de toda índole, aunque la violencia efecto de
manera distinta a las mujeres y los hombres. La sistemática violación de
derechos humanos implico el reclutamiento forzado, detenciones arbitrarias,
torturas físicas y sicológicas, desaparición forzada, masacres y ejecuciones extrajudiciales. La
CVR informó también que de 538 casos de violación sexual, 527 fueron
perpetrados contra mujeres y 11 contra hombres; pero se asume que fueron más
los casos de violación sexual que no se denunciaron por diversos motivos como
el miedo a la represión; las mujeres sufrieron también, y de forma especial,
por la desaparición y muerte de sus familiares. Además los crímenes que
sufrieron niños y niñas ha tenido un impacto diferencial sobre las mujeres, el
informe de la CVR reveló que el 12.8% del total de los casos de violaciones de
derechos humanos fueron perpetrados contra niños y niñas siendo la violación sexual, los secuestros, los
reclutamientos forzados y los asesinatos los delitos más comunes.
Sin embargo, para entender la magnitud de lo
que ha generado y ha significado para los sectores de la población peruana más
empobrecidas el conflicto armado durante las dos décadas, es insoslayable
concebirlas en el contexto histórico sociocultural de población indígena, pues si
los indígenas históricamente han sido excluidos, marginados y avasallados desde
la época de la colonia y la constitución de la república, lo cual hasta ahora
es un lastre social, el conflicto armado ha significado la agudización de esa
exclusión social, racismo y rechazo por lo indígena, lo rural, lo andino. Las
zonas donde se desato el conflicto armado, revelaron una relación directa entre
la condición de pobreza y exclusión y la posibilidad de ser víctima de
violencia (R. Ames 2005). Por ello, no es una casualidad que entre los
departamentos que fueron más afectados por la violencia (Ayacucho, Junin,
Huanuco, Huancavelica y San Martín) llegan al 85% de las victimas totales del
conflicto armado y tampoco es casualidad que del total de la victimas el 75%
tenían como lengua originaria el quechua u otras lenguas nativas; pero tal vez
lo más lamentable haya sido que no se entendió como una tragedia nacional lo
que padecían los sectores de la población más pobre sino hasta cuando la violencia
y el terror llego a la capital Lima. Ese mismo sentimiento de racismo,
desprecio e indiferencia aún están arraigados en algunos sectores de la
sociedad peruana y esos son algunos de los factores determinantes del porque persiste
la desigualdad, la exclusión social, la pobreza y extrema pobreza sobre todo en
la zona andina y rural.
La pobreza, que es también una forma de
violencia porque es una muerte injusta y prematura en vida, se evidencia en el
poco o ningún acceso a derechos como: educación, salud, vivienda, empleo; la
pobreza y extrema pobreza atenta contra la dignidad humana de muchas personas,
y paradójicamente su existencia, no es un hecho natural, sino obra de manos
humanas; la pobreza –como diría el conspicuo teólogo Gustavo Gutiérrez- no es
un destino, es una condición; no es un infortunio, es una injusticia. En estas
circunstancias, comprender la pobreza y su vinculación con las consecuencias
del conflicto armado, nos obliga a entender el problema no sólo desde el
aspecto económico, sino en sus componentes: étnico, cultural, de género, y sobre
todo en la privación de las capacidades humanas para generar capital social. Cuando
nos referimos a la desigualdad en términos más amplios, hacemos referencia a
los contrastes sociales en aspectos como: derechos, libertades, capacidades,
oportunidad, entre otros; que son condiciones determinantes para el bienestar
social y el desarrollo.
DESPUES DEL
INFORME DE LA CVR
Las cifras nos demuestran que en el Perú en
la última década esta experimentando un crecimiento económico sostenido en
promedio de un 5.7% de PBI; sin embargo es uno de los países más
desiguales en Latinoamérica[2], la
realidad en la que se encuentran los departamentos más afectados por el
conflicto armado y que son los departamentos donde persisten los más altos
índices de pobreza y extrema pobreza, nos demuestra que no se ha transferido en
igual magnitud esta “bonanza económica”, evidenciando que hay una “crisis
distributiva” hecho que podría ser explicado por la ineficiencia del gobierno
para la implementación de políticas de protección social y reducción de la
pobreza y extrema pobreza; esta lectura de la realidad evidencia que el
crecimiento sin redistribución puede desencadenar inestabilidad social y económica
por los niveles de desigualdad existentes.
Sin duda alguna, el conflicto armado ha
frenado drásticamente el proceso de desarrollo de los departamento más
empobrecido, pues sectores de la población afectados por la violencia sufren actualmente
una u otras formas de secuelas psicosociales, lo que debilita sus capacidades
de desarrollarse y superar las heridas del pasado; aunque el Estado peruano ha implementado mecanismos de reparación paulatina, estos aún
son muy lentos por lo que la deuda con las víctimas de la violencia aun es algo
pendiente. No se trata de un favor hacia las víctimas, sino cuestión de
dignidad y derechos humanos, esos mismos
que fueron avasallados sistemáticamente durante
el periodo del conflicto armado.
Aunque el conflicto armado en el Perú ha
cesado, no podemos decir que el terrorismo se haya erradicado, pues aún existen
remanentes de Sendero Luminoso que ahora están asentados en la zona del Valle
del Rio Apurímac y Ene (VRAE) y tienen vínculos directos con el narcotráfico; si
desde el gobierno no se afronta decididamente esta situación, siempre estará
latente la posibilidad de desencadenar nuevamente un conflicto armado y todo lo
que ello implicaría al afectar decisivamente la construcción y reconciliación
de las zonas más afectadas y
condicionaría nuevamente la democracia y la pluralidad de un país de todas las
sangres que avance por el camino del desarrollo y la equidad.
Para no olvidar la época de violencia durante
el conflicto armado no sólo basta haber juzgado a los responsables quienes
ahora purgan condena; sino, es preciso comprender que se puede convivir en
paz y para ello es indispensable que el
Estado defienda, promueva y respete los derechos humanos garantizando su
accesibilidad a los ciudadanos sin distinción alguna, pues la prevención
sostenible y a largo plazo de los conflictos armados guardan una relación
directa con ésta premisa fundamental.
* Comunicador Social, egresado
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco-Perú, y Master en “Desarrollo
y Cooperación Internacional” por la Universidad del País Vasco, Bilbao – España.
[1] Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-Censos
2007), los siete departamentos con mayor índice de pobreza en el Perú son:
Huancavelica (85.7), Apurimac (69.5), Ayacucho (68.3%), Puno (67.2), Huánuco
(64.9), Cajamarca (64.5) y Pasco (63.4).
[2] . Perú en la última década
ha registrado un crecimiento económico promedio del 5% anual de PBI y en el
último informe del PNUD 2010 se ubica en el puesto 63 como país de IDH medio
alto; sin embargo, cuando se le aplica el IDH por desigualdad, retrocede 26
puestos, se ubica en el lugar 89; vale decir a pesar de sus sostenido
crecimiento económico, es el país más desigual de Latinoamérica.
BIBLIOGRAFÍA
AMES, BERISTAIN, CUELLAR, DOMINGUEZ, MACK Y
TAPPATA. “Verdad, Justicia y Reparación: desafíos para la democracia y la
convivencia social”. IIDH-IDEA. 2005.
Comisión de Entrega de la CVR. “Hatun
Willakuy: versión abreviada del informe de la CVR-PERÚ”. Lima 2004.
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. “El
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ODM”. FAO 2005
DEGREGORI, Carlos Iván. “Juventud Rural
Peruana: entre dos senderos”. CEPAL 1993.
GUILLEROT y RUBIO-MARIN. “Para no olvidar
más: mujeres y reparación en el Perú”. APRODEH, DEMUS, PCS. Lima 2007.
MENDIA AZKUE, Irantzu. “Género,
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