Artículo publicado en El Diario DEl Cusco, 13 de julio de 2010.
Las personas con discapacidad (PCD) en el Perú, sobre todo en el Cusco, son un grupo marginado a quienes se les niega constantemente sus derechos; discriminación que se hace más evidente en las zonas rurales donde las personas con discapacidad son las que sufren marginación y exclusión social severa.
La discapacidad es una condición del ser humano que afecta a uno sin considerar edad, sexo, color de piel, estatus socio económico o procedencia; estas limitaciones, sean naturales o adquiridas, no debería restringir la participación en el desarrollo de las actividades cotidianas en la sociedad. Sin embargo la realidad es otra.
A nivel nacional, no existen datos confiables sobre la discapacidad en el Perú, y menos de las zonas andinas donde se encuentra asentada la mayor población pobre y extremadamente pobre. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad, representan el 10% de la población mundial, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, sostiene que la discapacidad afecta aproximadamente al 31% de la población peruana y la minusvalía al 1%.
Concatenadamente, la realidad educativa evidencia que, de los 57,816 colegios del país, sólo 862 son colegios especiales y uno de cada 100 niños discapacitados esta en colegios especiales; esta realidad permite estimar que el acceso a rehabilitación y educación especial en áreas rurales es prácticamente una utopía.
Aunque hay esfuerzos de organizaciones e instituciones del sector público y privado por generar políticas públicas a favor de las personas con discapacidad como: Cáritas Cusco, mediante el proyecto Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), Arariwa, FEDEPRODIS, Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), etc.; éstas aún son insuficientes. Hay la necesidad imperante de continuar con el trabajo de facilitar la inclusión de las personas con discapacidad para el ejercicio pleno de sus derechos, fundamentalmente de la vida, educación, salud y trabajo. El otro tema pendiente a ser tomado en cuenta es la sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades de docentes, personal de salud, autoridades y la sociedad civil a fin de propender la inclusión familiar y social, y facilitar la accesibilidad a los lugares y servicios públicos. Actualmente, bastaría recorrer el centro histórico en una silla de ruedas para darnos cuenta e indignarnos por la imposibilidad de transitar por las principales calles de la ciudad ¡es simplemente inaccesible!
Recordemos que todos somos iguales ante la Ley y ante Dios, y tengamos bien presente que nadie está libre de cualquier accidente que nos pudiera generar algún tipo de discapacidad, lo cual no significaría que seamos incapaces de seguir con nuestra vida cotidiana, pues ¡la discapacidad no es incapacidad!
Por DANTE (AMH)
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