Artículo publicado en El Diario Del Cusco, 22 de junio de 2010.
Ahora que nos encontramos en plena coyuntura electoral, y se presenta nuevamente la oportunidad de elegir a autoridades gubernamentales, es ineludible que los movimientos y partidos políticos tomen en cuenta las cifras que reflejan las relaciones de género para la equidad social.
Es una verdad de perogrullo que en nuestro país las mujeres sufren diversos tipos de violencia psicológica, física, sexual, económica y otras formas de violencia a manos de sus conyugues, parejas o ex parejas; a pesar de denodados esfuerzos que hacen diversos organismos no gubernamentales y los escasos compromisos que asumió el Estado para revertir ésta situación.
Según el informe anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM), que para fin de año se espera que ya funcionen 114 en todo el país, recibieron el año 2009 40,662 denuncias que hacen un aproximado de 155 casos denunciados por día; la mayor parte de estas denuncias se refieren a violencia psicológica. Otro dato preocupante es el que refiere a una de las manifestaciones más graves de la violencia hacia la mujer: el feminicidio. Precisamente, las cifras de MIMDES develan un total de 203 casos entre feminicidios, que ascendieron a 140, y tentativas, que ascendieron a 63, durante todo el año 2009; las principales modalidades de agresión son: por acuchillamiento 34%, asfixia y golpes 25% y disparo con arma de fuego 14%. Estas modalidades de violencia hacia la mujer se perpetran, irónicamente, en su propio domicilio; lo cual revela que el lugar donde debiera ser el más tranquilo, resulta ser para ellas uno de los lugares más peligrosos.
A fin de que el Estado preste más atención a estas preocupantes cifras, la Defensoría del Pueblo opinó al respecto que se debe prestar mayor atención al funcionamiento y la labor de los CEM del MINDES por considerarlas fundamental para erradicar la violencia hacia la mujer, pues el actual modelo intersectorial de los Centros de Emergencia de la Mujer constituye un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia familiar. Para constatar ello; hace unos días visite la comunidad de Chacabamba en el distrito de Huancarani-Paucartambo, ahí evidencié que la defensoría comunitaria, que en algún momento habrá sido una buena iniciativa, actualmente es un chiquero inhabitable ¿cómo esperar que se denuncien los hechos de violencia en zonas rurales si mínimamente no hay un puesto policial cercano? Se hace indispensable reactivar las defensorías comunitarias, donde alguna vez las hubo, y conformar otras, donde no las hay, vinculando el trabajo a las DEMUNAS mediante el gobierno local con el empoderamiento de la población ¿o es que aún no creemos indispensable promover el desarrollo social con enfoques de género?
Por DANTE (AMH)
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